Periodistas internacionales preocupados con Ley mordaza italiana . Reporteros Sin Fronteras volvió a pedir a los senadores italianos que no voten a favor el proyecto de ley sobre escuchas telefónicas. El que está a punto de ser aprobado en el Senado tras haber pasado por la Cámara de Diputados el pasado Junio
La ley impondría penas de prisión o pesadas multas (de hasta 400 mil euros) a los periodistas y personal de los medios de comunicación que publiquen el contenido de las escuchas telefónicas. Aún en forma de resumen, especialmente de las que un juez haya ordenado su destrucción.
Además, la normativa podrá prohíbir incluso la publicación de algunos documentos públicos y también la publicación de cualquier noticia. Incluso antes del final de la investigación y el comienzo del juicio penal, lo que puede suponer 3 o 4 años.
Preocupa a periodistas internacionales que la ley impondría penas de prisión a reporteros no registrados en el «Colegio de Periodistas» que usen cámaras o grabadoras de sonido ocultas.
«Llamamos a la responsabilidad de los miembros del Senado italiano para que no se vuelvan cómplices de una ley que merma la libertad. Es completamente incompatible con los estándares democráticos europeos que las asambleas parlamentarias han supuesto encarnar y garantizar» señalan de RSF.
Agregó la Ong que «el reto de esta ley excede el ámbito nacional. Si Italia, como miembro fundador de la Unión Europea aprueba esta ley, la señal enviada al resto de los países sería catastrófica. Alentaría a un buen número de dictaduras a “inspirarse oportunamente” con este texto. Para limitar la capacidad de investigación de la prensa local, con consecuencias aún más dramáticas. La magnitud del problema no puede ser descuidada».
Las escuchas telefónicas constituyenlos principales elementos que permiten investigar sobre corrupción y crimen organizado.
«No se puede exigir de un lado que la prensa aporte las pruebas que justifican su avance y del otro, prohibirle que proporcione dicha información a sus lectores. Iniciada bajo el mandato del gobierno anterior, esta ley sólo tiene el objetivo de prohibir cualquier tipo de investigación. Es evidente que la justicia italiana tiene facultades sobre los registros policiales. Pero la experiencia ha demostrado que “la ayuda de la prensa” en este dominio era a menudo bienvenida», señaló.
Asimismo, RSF recordó a los políticos italianos que los periodistas no son responsables ni del contenido de las escuchas ni de los escándalos que podrían poner en evidencia.
«Su publicación en los medios no es difamación sino mero interés público. El importe de la multa es completamente desproporciona. Equivaliendo así a una censura económica. ¿Cuántos medios informativos se atreverán a publicar este tipo de investigaciones frente a una guillotina financiera?», concluyó RS
Trackbacks/Pingbacks