Las maras y la inoperancia de los fallidos gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador han cabreado a Amnistía Internacional .
La organización ha valorado su informe Hogar Dulce Hogar donde se denuncia que las administraciones son los primeros culpables de la creciente crisis de refugiados que sufren los 3 países centroamericanos. Los gobiernos eluden proteger a la gente frente a la violencia que viven sus ciudadanos en las calles de sus propios países, han criticado.
La verdad es que hubo una notable reducción de la violencia en el periodo posterior a la conclusión de los conflictos armados en Centroamérica en la década de 1990. Aunque en el último decenio las bandas conocidas como “maras” y la delincuencia organizada convirtieron al Triángulo Norte en una de las subregiones más peligrosas del mundo.
Frente a estos hechos, las autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras no han sabido responder ni generar soluciones. Por lo tanto no cumplieron con su obligación como institución de respetar y proteger el derecho a la vida al no abordar los altísimos niveles de violencia y homicidios en sus países.
Maras y el alto niveles de violencia en Centroamérica
Hay que recordar que hace decenios que los ciudadanos del Triángulo Norte han utilizado la vía directa por México para lograr el sueño americano en Estados Unidos. Pero en los últimos años ha surgido una nueva realidad que empuja a cientos de miles de refugiados a abandonar sus hogares. Son los altísimos niveles de violencia que llevan a que cada vez más personas huyan hacia el norte para salvar la vida.
«Pese a esta situación, la impunidad sigue siendo la norma para la mayoría de los delitos, y el acceso a la justicia es un mero deseo. Además, la población del Triángulo Norte tiene motivos para temer que las autoridades son cómplices de la delincuencia organizada», denunció el informe ¿Hogar Dulce Hogar? que publicó Amnistía Internacional.
La organización dice «que la violencia es un factor de expulsión clave en El Salvador y Honduras. En estos países los niveles de violencia y el incremento del territorio controlado por las bandas criminales como las Maras afectan al derecho de las personas a la vida, la integridad física, la educación y la libertad de circulación».
Mujeres, las más perjudicadas por la violencia
En los dos países, las mujeres sufren cada vez más el impacto de la violencia. En El Salvador, la tasa de homicidio de mujeres aumentó un 60 por ciento entre 2008 y 2015. Mientras que en Honduras aumentó un 37 por ciento durante ese mismo periodo».
En el caso de Guatemala, AI concluyó que la migración se produce a causa de numerosos factores de expulsión. Todos vinculados a menudo a unos niveles de desigualdad históricamente altos. Además, las deportaciones de México a El Salvador, Guatemala y Honduras se incrementaron un 231, un 188 y un 145 por ciento, respectivamente entre 2010 y 2015. Lo que supone un incremento medio del 179 por ciento.
Ante este panorama, Amnistía señala que es muy difícil que las cifras se reduzcan en un futuro cercano. Asimismo, su opinión es que ningún gobierno del Triángulo Norte cuenta con un protocolo integral y de protección de las personas deportadas. Lo que expone a muchas de dichas personas a grandes peligros.
Zonas de Guerra
“El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que la vida parece prescindible. En las que millones de personas viven con el terror constante. De que los miembros de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles a ella o a sus seres queridos», dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Por ello organización pro derechos humanos lanzó una campaña especial de ayuda. La idea es presionar a las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador protejan a sus ciudadanos frente a la violencia. Como mejoren la asistencia a los familiares de las personas víctimas de violaciones durante el tránsito en el extranjero.
El Salvador, bajo el terror de las Maras
La extorsión, sustento económico vital de las maras, es endémica en Centroamérica. Aunque afecta a amplios sectores de la sociedad, causa más daño en las comunidades pobres donde las maras mantienen el poder.
«La población salvadoreña paga aproximadamente el 3 por ciento del PIB del país en extorsiones. El coste total para la economía es de casi el 16 por ciento», según un estudio citado por la revista The Economist.
Por su parte, la Fuerza Nacional Antiextorsión hondureña declaró que los índices de extorsión de los que se ha informado anualmente en la región alcanzan los 390 millones de dólares estadounidenses en El Salvador. Los 200 millones de dólares estadounidenses en Honduras y los 61 millones de dólares estadounidenses en Guatemala. Aunque se cree que las cifras reales son mucho más altas, según la información difundida por los medios de comunicación.
Finalmente, Amnistía ha pedido a los Estados del Triángulo Norte que tomen urgentes medidas para garantizar la seguridad de miles de personas cuyas vidas corren grave peligro. «Es preciso convertir en prioridad la adopción de medidas concretas para abordar las necesidades de protección de esta población, especialmente las personas deportadas».
