Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifestó su absoluto rechazo ante las actuaciones policiales el pasado 11 de diciembre por el Caso cursach.
La Policía Nacional española entró a los periódicos “Diario de Mallorca” y la delegación en Baleares de “Europa Press” e incautó material de trabajo a los profesionales.
La órden del juez Miquel Florit, que instruye la causa contra el magnate del ocio en la isla, Bartolomé Cursach, era incautar los teléfonos móviles, ordenadores y material de trabajo de dos periodistas de sendos medios. La idea del juez era averiguar la fuente que filtró, el pasado mes de julio, un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma de Mallorca sobre presuntas irregularidades contables del empresario.
CASO CURSACH : TRAMA DE CORRUPCION EMPRESARIAL Y POLICIAL
El caso Cursach investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer a los negocios del empresario. Cursach ha sido el dueño durante décadas de la noche mallorquina.
Hace 5 años se investiga el caso del Rey de la noche Mallorquín. Antes lo llevaba el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Pero fueron recusados por la defensa por falta de imparcialidad.
«Es un hecho gravísimo e insólito. Contraviene principios fundamentales de la libertad de información, amparada por la Constitución, y del inalienable secreto profesional. Este garantiza la protección de las fuentes. ¿Qué clase de peligroso precedente sienta esta decisión judicial?”, afirmó Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España.
Alfonso Armada agregó que “pedimos la devolución inmediata del material incautado a los periodistas. Recordamos, una vez más, que la custodia del secreto de sumario y de cualquier documento que sustente una instrucción judicial no corresponde a los medios. Ni a los periodistas, sino a los organismos e instituciones que los tutelan”.
POLICIA INCUATA INFO SOBRE EL CASO A PERIODISTAS
El hecho se produjo de la siguiente manera. El periodista del “Diario de Mallorca” Kiko Mestre fue citado primero en los juzgados de Palma y allí le fue intervenido su teléfono móvil personal. Poco más tarde, agentes de la policía entraron en la sede del rotativo para llevarse el ordenador y documentos de Mestre.
Ante la negativa de la dirección del medio a entregarlos y la ausencia de una orden judicial, los agentes abandonaron la sede de “Diario de Mallorca” con las manos vacías.
Luego en otra operación similar, los efectivos se personaron en la redacción de la delegación de Europa Press en Baleares y requisaron el teléfono móvil y dos ordenadores. Además requisaron documentos profesionales de la periodista Blanca Pou.
Corrupción en Palma de Mallorca y Calvià
El magistrado que investiga el caso como procedimiento abreviado contra Cursach y otras 23 personas por su presunta participación en posibles delitos de cohecho. Como en pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de drogas.
La verdad es que la investigación tiene a mucha gente nerviosa, ya que en el negocio presuntamente estarían políticos como el delegado del Gobierno y exconseller de Interior José María Rodríguez. Este fue mano derecha en el Ayuntamiento de Palma y hoy diputado sin partido Álvaro Gijón. Los dos servidores públicos han sido alejados del Partido Popular.
Otra de los hilos del caso Cursach son varios agresiones e intimidaciones por parte de empleados del magnate hacia testigos protegidos. Lo peor es que se conocieron sus nombres, sin determinar de donde se filtraron sus nombres.
Los testigos anónimos han relatado en el juzgado que Cursach compensaba con fiestas, prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos, que favorecían sus negocios.
Asimismo hay dos individuos de nacionalidad rumanos están detenidos. Estos fueron contratado para dar palizas a testigos protegidos en Palma. El empresario Cursach quedó en libertad con cargos el pasado 18 de abril tras pagar una fianza de 1 millón de euros.
