Como sucede en todas las democracias del mundo, las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Así funciona el mundo y nunca lo vamos a cambiar. Lo peor de todo es que los gobernantes creen que los ciudadanos no se dan cuenta, bah y que importa que se den cuenta.
Así lo ha demostrado el Partido Popular. Mientras los duros ajustes de la crisis para cumplir con el déficit de la Unión Europea (crisis por cierto ya superada según el presidente Rajoy) afectan a los más débiles y al estado de bienestar, pues que mejor que ayudar a los más ricos y a los amigos empresarios que nunca pierden.
España se despertó esta semana con la noble noticia de boca del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna: el Estado se tendrá que hacer cargo de las autopistas de peaje que se encuentran en quiebra total y que fueron privatizadas por el ex presidente del PP, José María Aznar.
El desembolso del Estado, en plena acción de ajustes y subida de impuestos para cumplir el 3% que pide la UE en gastos y deficit, será de 5.500 millones de euros.
Las autopistas de pago son cuatro radiales de acceso a Madrid. Por supuesto la sorpresa es que son gestionadas por un consorcio compuesto por grandes empresas Abertis, ACS (Florentino Pérez, presidente del Real Madrid), Sacyr y Bankia, este último también estatizada y salvada por el Estado debido al mal manejo de políticos, sindicalistas, empresarios, etc.
Las autopistas rescatadas (todas construidas con sobrecostes) y que no eran muy utilizadas por los ciudadanos por que existían, antes de su creación, unas excelentes carreteras estatales para acceder a Madrid y su periferia, son la M-12 de acceso al Aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo. Las otras autopistas rescatadas, que no son madrileñas, son la circunvalación de Alicante y la vía que une Cartagena con la localidad de Vera, en Almeria..
Si se sabía que los conductores preferían las carreteras gratuitas, ¿por qué el gobierno de Aznar las creo?
Ahora viene lo interesante de los contratos entre privados y el Estado. Las autopistas al no ser rentables, según ley y por contrato, se aplica la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Esta norma obliga al Estado a asumir la gestión de la carretera de pago que está en quiebra y, riánse a carcajados todos, debe abonar a las compañías que tienen la concesión el importe de la inversión que no han recuperado.
El ministerio asumirá el coste de 5mil millones, casi todo el ajuste que hay que realizar en el país para alcanzar el déficit pedido por europa y que ha implicado subir impuestos. Antes eso sí debe aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.
“Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”, dijo De la Serna
La patronal constructora Seopan calculó el año pasado en 5.500 millones la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) sobre las autopistas en quiebra después de que las empresas que las construyeron se declararan en concurso en 2013 al no poder cobrar la obra realizada mediante el peaje por el fuerte descenso del tráfico durante los años de la crisis, informó Europa Press.


