- Así lo denuncia la organización ecologista, Greenpeace, en su informe “Hacer negocio con el Amazonas”, donde llama a tomar conciencia de la nueva amenaza que enfrenta la región Amazónica: la construcción de grandes presas hidroeléctricas cuya realización conlleva la destrucción de ríos y enormes zonas de selva, así como la inundación de territorios indígenas, lo que provoca el desplazamiento de comunidades enteras y grandes repercusiones sociales.
Además los ecologistas han pedido a la compañía tecnológica Siemens en Munich, con una protesta pacífica, que declare públicamente su desvinculación de la construcción de la megapresa de São Luiz do Tapajos, que contaría con un un muro de 7,6 km de largo y se situaría en el Río Tapajós, un afluente del Amazonas.
«De llevarse a cabo, este proyecto no solo inundará enormes extensiones de selva y destruirá la dinámica del río, sino que amenazará la supervivencia de 12.000 indígenas del pueblo Mundurukú, que han vivido en la región desde hace siglos», denuncia Greenpeace.
El pueblo indígena Munduruku se opone a los planes del Gobierno de Brasil de construir media docena de presas hidroeléctricas en el río Tapajos.
Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España declaró ante los medios que “empresas españolas como Mapfre e Iberdrola ya están enfangadas en la conflictividad social y ambiental de estos proyectos, junto con proveedores de equipos como Siemens, Voith, General Electric o Andritz”, mientras que otras compañías como la eléctrica italiana ENEL han comunicado públicamente su desvinculación en nuevos proyectos de este tipo.
En Brasil, Iberdrola está asociada a Neoenergía, empresa que ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos hidroeléctricos, incluyendo la polémica presa de Belo Monte.
En tanto, el pasado 8 de abril de 2016, se le solicitó al Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós y de otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía que amenacen la selva y los pueblos indígenas. El Presidente contestó “esto es una sociedad participada; ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema, por tanto, son temas de los brasileños que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas y yo no puedo decir nada más”.
Mira aquí el documental sobre la resistencia del Pueblo Mundurukú:
Según Soto «Iberdrola presume de ser una empresa verde… pero en Brasil Iberdrola tiene un doble rasero, una doble moral, un discurso claramente hipócrita».
Mapfre es la otra empresa española que está involucrada en este proyecto y está asociada al Banco do Brasil, entidad financiera del Gobierno dirigido por Dilma Rousseff. Como en el caso de Iberdrola, BB-Mapfre ha estado involucrada en el polémico proyecto de Belo Monte, pero una vez obtenido el contrato para asegurar el 30% del riesgo de esta megapresa, reaseguró la operación en otras compañías de seguros.
Mapfre también presume de buen gobierno y buenas prácticas pero Greenpeace señaló que tuvieron una reunión con responsables de la empresa mantenida con Greenpeace en marzo de 2016, y la empresa alegó que necesitan tiempo para analizar los riesgos asociados con el proyecto de presa de Sao Luiz do Tapajos.
La ONG también denuncia que «ambas empresas españolas están involucradas en el complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingu, que es un ejemplo de cómo este tipo de proyectos además de generar desplazamientos de las comunidades y pueblos indígenas conllevan la destrucción de los ecosistemas frágiles».
Lo peor de todo es que este proyecto está bajo investigación por ser uno de los actos de corrupción más grande en la historia de Brasil. «Las empresas adjudicatarias pagaron millones de reales brasileños en sobornos para obtener participaciones en la construcción del complejo», explica Greenpeace.
Frente a la construcción de presas monumentales y la inundación de territorios indígenas, la ONG ecológica ha declarado que la mejor alternativa para suplir esta demanda es una combinación de energía eólica, solar y biomasa, combinación que sería factible si el gobierno aumentara en un 50% la capacidad total de los contratos subastados cada año para estas fuentes de energía renovables.
