El 2 de marzo se cumple un año desde que fuera asesinada la activista Berta Cáceres en Honduras. Una mujer indígena Lenca y defensora de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca.
Berta fue asesinada por enfrentarse a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
Para recordar su activismo y lucha por el medio ambiente en un país a merced de las transnacionales y la explotación de los recursos sin viabilidad de reconversión, Greenpeace le concederá su premio Artemio Precioso. Esto en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
En tanto, su hija, Laura Zúñiga Cáceres, activista de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), viajará a España para recoger el premio el día 24 de marzo en la Casa de América.
Hoy jueves 2 de marzo, a las 12:00 ante la embajada de Honduras (Madrid) colectivos sociales, sindicales, ecologistas y asociaciones de hondureños en España harán una concentración para pedir justicia por Berta.
En tanto, el homicidio de la activista hondureña Berta Cáceres se produjo la noche del 2 de marzo de 2016 producto de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca. Esta infraestructura, de llevarse a cabo, sería la causante directa de la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.
Para las ONGs ambientalistas como Greenpeace «es necesario que se investige en profundidad las relaciones entre los inculpados y detenidos y el poder político y económico en Honduras».
Antes de su asesinato en Honduras, Berta Cáceres, acumulaba una larga lista de amenazas y ataques a su persona.
Según el informe de Global Witness En Terreno Peligroso, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, 122 en América Latina.
Los dos países más peligrosos para el activismo ambiental son Brasil, con 50 personas asesinadas y Filipinas, con 33 muertes. Global Witness informó que, en 2015, casi un 40% de las víctimas de estos actos de violencia extrema fueron personas indígenas.
En 2017 se han contabilizado 14 homicidios de activistas por los derechos humanos, siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua.
