- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su pesar y además, deploró la muerte de internos en un incendio en la cárcel de San Miguel, en Santiago
de Chile. - La CIDH hizo un llamado urgente, en un comunicado de prensa, al Estado chileno para que adopte las medidas necesarias a fin de investigar debidamente estos hechos y evitar su repetición.
- Por su parte, el cientista político chileno Eduardo Vergara Bolbarán esplicó que “nuestro sistema carcelario es una pena de muerte en cámara lenta. No necesitamos más cárceles, sino que menos reos”.
- El ex candidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, aseguró la políticas públicas de los últimos gobiernos de la Concertación carecieron de reinserción social y la falta de un sistema de juicios con penas alternativas no aportan mayormente al problema real.
- Sin duda, lo que se necesita en Chile para superar el hacinamiento en las cárceles es crear un acuerdo social que generé riqueza para toda la población, y haya igualdad en el acceso al trabajo, como sueldos dignos para toda la población, para así terminar con la delincuencia y los males que trae la pobreza. Hay que destacar que pese al crecimiento económico del país andino en los últimos 20 años, Chile es un de los estados con mas desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza, y eso influye mucho en la sobrepoblación de sus cárceles.
Tras la muerte de al menos 83 personas y 14 que resultaron con quemaduras graves, como consecuencia de un incendio que se habría producido en la madrugada del 8 de diciembre de 2010, la Comisión Interamericana instó al Estado a tomar las medidas adecuadas para informar en forma pronta y precisa la identidad de los internos que perdieron la vida en el incendio y las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento.
«El Estado debe informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna a los familiares de internos que puedan ser trasladados a otras cárceles….la CIDH urge al Estado a informar sobre las medidas que se están tomando en la Cárcel de San Miguel con posterioridad al incendio», señaló el informe.
Según un informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH que realizó, en una visita de trabajo a Chile en agosto del 2008, y que emitió en un comunicado de prensa 39/08, “en los centros de detención operados por el Estado se observó un alto nivel de hacinamiento pocas veces visto en la región, condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, alimentación, higiene y salud, así como pésimas condiciones de infraestructura y serias deficiencias o ausencia de verdaderos programas de readaptación social”.
Asimismo, la Comisión Interamericana compartió las expresiones del Presidente de Chile, Sebastián Piñera, en cuanto a que lo ocurrido es una “tremenda y dolorosa tragedia” y que “el sistema carcelario es una vergüenza que nos afecta a todos los chilenos”.
«La CIDH considera que el hacinamiento, además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante, es un factor de riesgo para la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en un determinado recinto. Por eso, es imperativo que las autoridades nacionales adopten todas aquellas medidas que sean necesarias para que los centros penales no alberguen más reclusos de los que pueden alojar de acuerdo con su capacidad real», expresó la organización.
Más cárceles y menos reinserción
El ex candidato presidencial y presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, aseguró la políticas públicas de los últimos gobiernos de la Concertación carecieron de reinserción social y la falta de un sistema de juicios con penas alternativas no aportaron mayormente al problema real.
“En el gobierno y en gran parte de la oposición no están dando soluciones que mejoren el problema de los internos en las cárceles, sólo están empeñados en construir más recintos que sirvan para encerrar y apartar a los reclusos. Nos hemos tapado los ojos con un sistema que tiene muchas carencias y que uno de sus orígenes son la falta de oportunidades y la discriminación social, sumado a las políticas de Estado donde las autoridades sospechan de cualquier persona para ganar protagonismo como el caso del paquistaní”, señaló el líder progresista sobre el Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos: «Situación de los Derechos Humanos en Chile 2010″, donde el Mandatario chileno planteó que invertirán 460 millones de dólares en la construcción de nuevo penales.
Según Enríquez Ominami, la administración del magnate Piñera plantea que el presupuesto para el 2011 contempla sólo recursos para hacerse cargo de servicios básicos de atención a la población penal, la compra de equipos de inspección y detección en unidades penales y el incremento en el personal para cárceles concesionadas.
“La represión social que plantea este gobierno, llenará las cárceles de chilenos, y para unos años más estaremos todos presos: Las cárceles no rehabilitan.”, agregó Marco Enríquez-Ominami.
“Como lo planteamos en la campaña presidencial del año pasado, una de las formas para terminar con el hacinamiento, es el reforzamiento de las estrategias de reinserción social para poder establecer condenas alternativas a las que privan a las personas de su libertad. Debemos restringir el sistema privativo de libertad hasta cuando sea extremadamente necesario, después agotar hasta las últimas instancias de reinserción social. En la cárcel de San Miguel había muchos jóvenes que se encontraban pagando condenas menores y que fueron condenados a la pena de muerte en un sistema que lo prohíbe. Hoy en Chile hay más condenados a muerte que en países donde sí existe la pena de muerte”, argumentó Enríquez.
Por su parte, el cientista político Eduardo Vergara Bolbarán esplicó que “nuestro sistema carcelario es una pena de muerte en cámara lenta. No necesitamos más cárceles, sino que menos reos”….“El Presidente de la Republica (Sebastián Piñera) se sigue equivocando al encontrar la solución en construir nuevas cárceles. La solución está en invertir para tener menos ciudadanos privados de libertad y cambiar los parámetros para decidir quiénes tienen que ir tras las rejas. Podemos culpar a la reforma procesal penal que abrió las anchas puertas de las cárceles, a los silencios de la Concertación, pero hoy en día hay una supuesta nueva forma de gobernar que no ha tenido las agallas para hacerse cargo de estos temas. Nuestro sistema carcelario es una pena de muerte en cámara lenta».
