El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile expresó su inquietud por la situación que afecta al periodista Marcelo Garay. El integrante del Consejo se encuentra sometido a un proceso judicial por la fiscalía de Temuco por cubrir el conflicto mapuche.
Una situación similar vivió hace poco la documentalista Elena Varela. La cineasta después de 6 meses en prisión, quedó en libertad por falta de méritos.
El problema actual que se da en la Araucanía, sur de Chile, es la huelga de hambre de 33 mapuches desde hace 80 días. Los comuneros mapuches piden al gobierno eliminar el doble procesamiento en la justicia civil y militar. Además quieren la eliminación de los testigos protegidos, y la no aplicación de la ley antiterrorista, creada por el dictador Pinochet.
Asimismo, la Corte Suprema confirmó que Gendarmería de Chile puede adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen estado de salud de 13 presos mapuches. Todos recluido en la cárcel de Temuco mientras 10 presos estan en Angol.
El profesional Marcelo Garay quien cumple labores periodísticas para el diario La Nación y su suplemento La Nación Domingo, fue aprehendido el 17 de mayo de 2009 por efectivos de fuerzas especiales de Carabineros en Temuco por cubrir enfrentamientos con mapuches, denunció el Colegio de Periodistas de Chile.
«De modo imperativo, le confiscaron su cámara fotográfica e, incluso, su celular, del cual la policía -sin ningún derecho- extrajo información de carácter personal, relativa a la vida íntima y relacionada con su pareja. Así como de su pequeña hija, que fue puesta a disposición del Ministerio Público, sin que los represores pudieran establecer ningún motivo de esa acción», explico el colectivo de periodistas de Chile.
Según se informó el profesional se ha declarado inocente de los cargos que le imputan. Por lo que ha rechazado el juicio abreviado ofrecido, motivo por el que ahora deberá enfrentar un juicio oral, bajo la acusación de haber obtenido fotografías en un recinto privado. Ello es sancionado por la legislación conocida como “Ley Otero”, que el gremio periodístico ha repudiado permanentemente. Pero los Gobiernos de la Concertación de centro izquierda, durante los últimos 20 años, se han negado a derogarla.
Los araucanos quieren recuperar sus tierras ancestrales vendidas a terratenientes en la comunidad mapuche Juan Quintremil. El lugar queda a 11 kilómetros al oriente de Padre Las Casas, Región de La Araucanía.
Para el colegio: «los periodistas de chile no podemos ser los chivos expiatorios de un conflicto que es real. La pobreza, el abandono y la falta de tierras y oportunidades son temas que debe solucionar el Estado. Y el periodismo debe abordar sin tapujos y por el bien de todos. Especialmente cuando detrás de esos legítimos reclamos subsiste el concepto de nación mapuche».
Asimismo, el colectivo de periodistas denuncian «a la opinión pública que las actuaciones de la policía y los fiscales en los casos descritos constituyen un atentado a la libertad de expresión. Amparándose en leyes absolutamente cuestionadas, intentan amedrentar la investigación periodística profesional, equilibrada, con sentido crítico respecto a lo que ocurre. Por lo tanto, exigimos que la justicia respete las prerrogativas de los periodistas chilenos».
Agregan en el Colegio de Periodistas de Chile que «para nosotros, profesionales de los medios de comunicación, este tema, y especialmente ahora la huelga de los comuneros mapuches (donde está en peligro su integridad física e, incluso, sus vidas), está revestido de un profundo carácter ético. Por lo que no compartimos que otros temas -como la farándula- sigan teniendo prioridad en las pautas informativas y líneas editoriales de algunos medios«.
«El conflicto mapuche es un tema cuya resolución no sólo compete a los comuneros mapuche y a los presos políticos de nuestra etnia originaria. Sino también compete al país todo. Tanto más cuanto que la situación de violencia que puede generarse a partir del mismo afecta también a otros segmentos ligados a actividades económicas en la zona. Acarreando más pobreza a nuestra población autóctona», señaló CPCH.
