• Luego de las declaraciones de Alejandro Bohn, uno de los dueños del yacimiento Sanespias José, señalando a Radio Cooperativa que la compañía está “tranquila” ante sus eventuales responsabilidades, tanto el ministro de Minería, Laurence Golborne como el líder político progresista Marco Enríquez Ominami hicieron duras críticas a la empresa privada.
  • Este último, Enríquez-Ominami, pidió reponer ley contra de delitos a la seguridad de trabajadores, porque a su parecer, «si el Estado no protege a los trabajadores nadie lo hará».

El gerente de la minera San Esteban, Alejandro Bohn, declaró que “la compañía está tranquila, en el sentido que nunca tuvo antecedentes de una catástrofe de este tipo, sus trabajadores estaban entrenados y tenían los dispositivos de seguridad para que, acontecido un evento de estas características, pudiesen tener la protección necesaria”.

Además, el dirigente anunció que la empresa, que no ha ayudado en las labores de rescate y aviso tarde de la tragedia, no tiene contemplado seguir con la mina San José y reconoció que la compañía no seguirá pagando los sueldos de los mineros y que no tenían previsto seguros para sus trabajadores, puesto que “debido al prolongado cierre tuvimos un deterioro económico importante y a la fecha no hemos podido reponerlos, pero la cobertura de los seguros en estos casos es bastante bajo”.

Por su parte, el ministro de Minería criticó la declaraciones de la empresa privada y aseguro que «esas aseveraciones me parecen increíbles, las escuché y las encuentro realmente sorprendentes. Vamos a analizar a nivel de Gobierno, dando cumplimiento íntegro a la ley, las obligaciones que podamos tener en estas circunstancias, pero las principales obligaciones son de la empresa“.

Asimismo,  24 de las 33 familias de los mineros interpusieran una querella contra los propietarios de la mina y el Estado. «Vamos a investigar las responsabilidades y sancionar a los que tengan culpabilidad», afirmó Piñera.

La mina San José, cuyo historial registra más de 80 accidentes y que había sido clausurada tras la muerte de un minero, consiguió de un modo todavía no aclarado ser reabierta en 2008. Si bien se le exigió la instalación de una escalera en el conducto de ventilación para que los trabajadores pudieran salir en caso de accidente, está finalmente no se activó.

En tanto, luego de conocerse que los 33 mineros atrapados en la Mina San José de Copiapó están vivos, el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, señaló que es necesario intervenir seriamente para que accidentes como éste no se repitan en Chile.

“Es realmente un milagro que los 33 mineros estén vivos. Me sumo a la alegría de las familias de los trabajadores y a la de todos los chilenos que han celebrado espontáneamente esta noticia. Queda mucho aún, hay que sacarlos de ahí y eso demorará más tiempo. Espero que la angustia que hemos sentido durante 17 días no vuelva repetirse nunca más en Chile”.

En este sentido, Enríquez-Ominami recordó que desde 2008 permanece archivado en el Congreso un proyecto de ley que presentó junto al entonces diputado socialista, Juan Bustos, que busca perseguir los delitos contra la seguridad de los trabajadores.

El proyecto apunta, justamente, a evitar situaciones como las vividas por los mineros de Copiapó. “Si el Estado no protege a los trabajadores nadie lo hará. El trabajador se encuentra en condiciones desiguales frente a los dueños de las empresas; y los sindicatos, como queda demostrado en el caso de los mineros de Copiapó, no cuentan con herramientas para exigir sus derechos como corresponde. En estas materias, como en muchas, el mercado no regula, ni le interesa regular salvo para privatizar las ganancias y repartir los problemas”, dijo Enríquez-Ominami.

Agregó el líder político independiente que «lo ocurrido en Copiapó no sólo debe ser investigado en profundidad, sino que tiene que generar las condiciones para que los delitos de cuello y corbata que cometen tanto empresarios como funcionarios del Estado sin escrúpulos, no queden impunes. Espero que en el Parlamento se genere el consenso necesario para que este proyecto de ley se reponga y con ello se coloquen los derechos laborales como prioridad de las discusiones parlamentarias y en las del gobierno”.

Asimismo, Enríquez-Ominami aseveró que es necesario investigar en detalle las causas que produjeron el derrumbe.

 “La mina San José debió cerrarse hace mucho, tal como lo señaló el anterior director de Sernageomin, Anton Hraste. ¿Quién explica, por ejemplo, por qué este director que en 2007 actuó de manera responsable cerrando el yacimiento que atrapó a 33 personas, fuera removido de su puesto? Se habían producido ya accidentes recurrentes, graves y fatales que justificaban el cierre, sin embargo, la decisión de las autoridades fue remover al director del servicio. Eso es incomprensible”, dijo.

La critica de Enriquez -Ominami contra la actuación del Estado chileno va en dirección a que los empresarios de la compañía San Esteban, propietaria de la mina, fueron cerrados pero luego obtuvieron el derecho de explotar el mineral, el que finalmente fue reabierto en 2008 cuando oficiaba como director regional de Sernageomin, Marcelo Guzmán, pese a que no tenía todas las medidas de seguridad.

“Es importante que tanto la investigación judicial como la parlamentaria, lleguen a conclusiones que permitan tomar medidas para que esta situación no vuelva a repetirse en Chile. Hay que analizar las responsabilidades del SERNAGEOMIN, pero también las de la Dirección del Trabajo que tiene las atribuciones para detener una faena si lo estima necesario y aquí existieron antecedentes de sobra. No puede ser que en decisiones tan delicadas como ésta, primen las utilidades por sobre la vida de las personas. En solidaridad a las familias que sufrieron tanto y durante tantos días, no descansaremos hasta que se aclare completamente lo que aquí ocurrió”, afirmó el presidente del PRO.

Minera niega corrupción

Hace tres años la mina San José estuvo cerrada tras la muerte de un obrero en su interior. Tras aperturas parciales, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitió que el yacimiento se reabriera de manera total.

Consultado por la televisión chilena sobre cómo se logró reabrir la mina pese a estos antecedentes, el gerente de la empresa minera, Bohn dijo que «contactamos a las autoridades; nos exigieron un estudio profundo geomecánico. Senageomin los analizó, se le hicieron presentaciones a los técnicos y llegaron a la conclusión que era perfectamente factible reabrirla. Hicimos todo lo que nos exigieron hasta el día que nos mandaron una carta que decía (…) que finalmente podíamos proceder a la reapertura total de la mina San José».

«Quiero ser muy tajante al respecto: en este procedimiento de reapertura, no hay nada de corrupción», sentenció. Los abogados de la empresa Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, donde se encuentran atrapados 33 mineros desde el pasado 5 de agosto, negaron  terminantemente que los dueños supieran de algún peligro en la veta.

«La narrativa errónea que ha sido promovida y aceptada en gran escala no calza con los hechos. Lo más grave de todo han sido las imputaciones calumniosas de que los dueños sabían, de alguna forma, del peligro en la mina, cuando en forma evidente esa afirmación es absurda», aseguró el abogado Hernán Tuane.

Tuane, que aceptó la representación y asesoría legal de la empresa minera, sostuvo que «ha tomado nota de la ola de rumores tendenciosos, alimentados por afirmaciones falsas y declaraciones indebidas, las cuales será necesario corregir con la verdad».