• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in situ efectuada Porfirioen agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.
  • La CIDH informó que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

Tras largas reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como asimismo con representantes del sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16), la CIDH  vió con profunda preocupación que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

Aunque, sin duda, hay avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

«La CIDH y la Relatoría Especial han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Sin perjuicio de la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en el Informe Honduras: derechos humanos y golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010», señala el comunicado enviado a la prensa.

También la organización mantiene sus críticas al gobierno de Porfirio Lobo sobre  las amenazas y hostigamientos ha defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la Resistencia. «Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo con su labor», declara.

Si bien desde el golpe de Estado, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo, durante la visita, recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo.

Por su parte, de especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado.

«La Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda argumentar la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho», señala el comunicado.

En tanto, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que continúan ocurriendo.

«La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, sólo 12 han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas», aclara CIDH.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que ha iniciado sus funciones hace sólo 14 días

«Actualmente se encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de trabajo y metodología. Es fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento, plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH seguirá de cerca el trabajo de la CVR», afirma la institución Pro DD.HH.

Agrega la CIDH que «sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos»…»y si bien se valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, se observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos».