Greenpeace rechaza proyecto de ley que rebaja responsabilidad civil en España por daños radiactivos

  • La organización ecologista, Greenpeace consideró inaceptable el “Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos” que el greenpeace2Gobierno ha remitido al Congreso para su próxima discusión parlamentaria ya que “este Proyecto de Ley establece un régimen de responsabilidad civil muy limitada en cuantía y en el tiempo para hacer frente a los daños reclamados. La cantidad establecida es de 1.200 millones de euros (M€) frente a los más de 250.000 M€ que ha costado el accidente de Chernóbil”.

La critica de los ecologistas más fuerte es contra el punto que contempla que el sistema eléctrico pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros, dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos, aún de cuantía limitada, de las empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.

“Es un trato de favor que el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este Proyecto de Ley y reclamamos que la Ley instaure un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños”, expresó la organización.

Agregaron en un comunicado que “las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias y, si no pueden conseguirlas de las empresas de seguros, tendrían que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas”.

Los elementos más criticables del Proyecto de Ley para Greenpeace son la limitación a tan solo 1.200 M€ la responsabilidad máxima de un explotador de una instalación nuclear en caso de accidente, la limitación a 10 años para reclamación de daños al medio ambiente y a las cosas y de 30 para los daños a personas, rebajar a 80 M€ la responsabilidad en caso de accidente nuclear en un transporte nuclear (por ejemplo, al cementerio nuclear centralizado, ATC, que promueve el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y subsidiar a las compañías eléctricas a través del sistema eléctrico para proporcionarles la garantía financiera que no les prestan las compañías de seguros.

“El Proyecto del Gobierno no tiene como objetivo proteger a las víctimas sino proteger a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que éstas tendrían que hacer frente en caso de accidente nuclear”, dijo Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

“Sin embargo, durante la tramitación de la presente Ley se ha constatado la dificultad de que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional cubra la totalidad de la garantía requerida, así como ofrecer a los explotadores, en el momento presente, aseguramiento para algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales que se reclamen después de transcurridos 10 años después de la fecha del accidente”, añadió.

En el Artículo 12.3 de la ley dice, señalaron los activistas, que “el sistema eléctrico podrá garantizar a los explotadores [de las instalaciones nucleares] garantía de los riesgos por daños nucleares no asegurables por las entidades de seguros. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el desarrollo de las disposiciones necesarias para el establecimiento de dicha garantía, así como la determinación de las primas que los explotadores deberán abonar por la prestación de la misma”.

Frente a ello, Greenpeace consideró que se pretende el traslado a los consumidores de los costes que la industria atómica no quiere asumir, en una nueva demostración de que la energía nuclear no puede subsistir sin recibir continuos y generosos subsidios estatales.

“Dado, como demostró la catástrofe de Chernóbil, el elevadísimo coste económico (sin olvidar nunca además el coste social, de salud pública y medioambiental) que puede llegar a tener un accidente nuclear, Greenpeace exige al Gobierno que retire este Proyecto de Ley y opte por establecer un régimen que establezca la responsabilidad ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y en otros países”, concluyeron los ecologistas.

Author: Emilio Vidanski

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