• Amnistía Internacional pidió hoy que las comunidades y el gobierno de España en manos del Partido Popular pare los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos.

El informe  “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” entregado a los medios es claro y directo: Denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.

Desalojos hipotecarios en España generan crisis DD.HH

Desalojos hipotecarios en España generan crisis DD.HH

La organización pidió frente a esta crisis ciudadana la «modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen».

Además, la ONG denuncia que «a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias».

Asimismo, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

“Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, declaró  Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España

Las autoridades tienen la obligación, según el derecho internacional, de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, «España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social», criticó AI.

La crítica va más allá. AI da a conocer en su informe que los gobiernos de España no han facilitado las viviendas vacías a las familias desahuciadas. «en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía».

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, ha asegurado Esteban Beltrán.

Avalista de por Vida

Crisis DD.HH desalojos hipotecarios en España . Insensibilidad de Gobiernos PP - PSOE

Crisis DD.HH desalojos hipotecarios en España . Insensibilidad de Gobiernos PP – PSOE

“Me ha faltado información, porque mis padres no firmaron por 5 años como avalistas, firmaron de por vida”. Ainhoa Lafuente, uno de los casos descritos en el informe, cuenta como a la hora de firmar su contrato hipotecario, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían en riesgo su propia casa como avalistas.

En 2013 dejaron de poder pagar la cuota hipotecaria, y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, Ainhoa decidió volver a casa de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, asegura Ainhoa. El proceso ha afectado a toda la familia, también en cuestiones de salud: su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa todavía está en negociaciones con el banco: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.

En tanto, Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Junto a su marido decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, perdieron el empleo los dos y no pudieron seguir pagando la hipoteca. Llegó una orden de desalojo: “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha, para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza.

La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses, y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente una vecina les cedió una vivienda.

Más info en la web de Amnistía Internacional España