• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la adopción enbanksy_soldier Perú del Decreto Legislativo No. 1097.
  • El decreto, adoptado el 31 de agosto de 2010, regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.

Según la CIDH, el artículo 6 contempla la posibilidad de que el Poder Judicial dicte una “resolución de sobreseimiento parcial en favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación”.

“La información disponible sugiere que estas y otras disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1097 podrían implicar serios obstaculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos, algunos de los cuales han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó CIDH.

La Comisión Interamericana ha señalado reiteradamente que la falta de investigación y sanción en casos de graves violaciones a los derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es parte desde el 28 de julio de 1978.

“En el mismo sentido, en la sentencia dictada en 2001 sobre el caso Barrios Altos contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos””, señala la organización.

Por otra parte, la CIDH ha sostenido que la impunidad respecto de casos de delitos de lesa humanidad propicia la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos.

En este sentido, preocupa a la CIDH la posibilidad de que en virtud de este decreto queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado que atravesó Perú en las décadas de 1980 y 1990.

“En especial, teniendo en cuenta que la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo de Perú han planteado reiteradamente que el Poder Ejecutivo ha obstruido el avance de estos juicios. Entre otras cosas, han alegado que el Estado no ha asignado suficientes recursos a las Fiscalías para procesar estos casos, y que órganos vinculados al Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Defensa, se han negado a entregar información, incluso en casos en que les fue requerida judicialmente”, criticó.

Por lo anterior, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Perú a adoptar las medidas necesarias para que las violaciones a los derechos humanos no permanezcan en la impunidad, en particular, teniendo en cuenta las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales en la materia.

En tanto, el Presidente del Perú, Alan García, abrió hoy las puertas a una posible derogación del controvertido decreto legislativo que favorece a acusados de delitos de lesa humanidad, al afirmar que no hará “cuestión de Estado” en la defensa de la norma.

“Invito al Congreso a que ponga en discusión cuanto antes el tema, sin perder el tiempo, y exponga sus posiciones y vote”, dijo García, cuyo gobierno ha sufrido un alud de críticas nacionales e internacionales por el decreto, del que los críticos aseguran que favorece la impunidad.

El mandatario trasladó las culpas por lo ocurrido al Congreso, del que afirmó que le dio al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en la materia a pesar de que éste no las había pedido.

“Hay una suma de errores, pero no del Ejecutivo. Nosotros pedimos facultades para tratar sobre el código y el fuero militar y policial, pero nos llegó la autorización para legislar sobre juicios por actos cometidos por militares y policías. Es extrañísimo”, dijo García en un diálogo con reporteros.

No obstante, García expresó apoyo al ministro de Defensa, Rafael Rey, artífice del decreto y principal centro de las críticas, y defendió incluso que éste haya consultado para elaborar la norma a abogados de militares y policías acusados.

“Escuchar y conversar no es pactar ni obedecer criterios de otros”, dijo él presidente al respecto.

El decreto legislativo expedido a comienzos de este mes señala que los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser considerados como tales desde 2003, cuando Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia, por lo que los cometidos por militares y policías antes de esa fecha gozan del beneficio de la prescripción.

Al amparo de ese decreto, varios procesados pidieron su excarcelación, incluidos todos los miembros del grupo Colina, que cometió varios asesinatos en la década de 1990, entre ellos los 25 por los que paga 25 años de prisión el ex presidente Alberto Fujimori. Los tribunales tendrán que tomar en los próximos días una decisión al respecto.

Sectores o instituciones nacionales como la Fiscalía, la Iglesia católica, las bancadas parlamentarias de oposición, los grupos de derechos humanos y los deudos y sobrevientes de ataques del Colina expresaron repudio a lo que consideraron una amnistía encubierta, mientras que en foros de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos también  expresaba preocupación.